Caso de los ERES en Andalucía: negocio de los despidos colectivos

Un expediente de regulación de empleo en una empresa, que tras ser investigado, destapa la manta de una red de corrupción que incluye a políticos de la Junta de Andalucía. Una década de delitos, durante la que ha estafado más de cien millones de euros a la Administración.

Mercasevilla dedicada a distribuir y gestionar productos alimentarios en la capital andaluza, decide en 2003 y 2007 realizar despidos colectivos. El comité de la compañía descubrió a una persona que sin haber trabajado nunca con ellos, recibía dinero como compensación a su prejubilación. Dos de sus directivos habían ofrecido a los restaurantes La Raza una subvención de la Junta de Andalucía a cambio de comisiones.Fue el primer ejemplo, pero después, aumentaría el número de empresas y personas beneficiadas, sin tener derecho a ello, por las ayudas públicas que la Consejería de Empleo había dado desde 2001.

La transformación y modernización de la industria española durante los años 90, llevó a muchas empresas a reducir plantillas. Así que la Junta andaluza creó un fondo de más de 700 millones de euros durante diez años (hasta 2011, para cuando terminara serían más de 1.200), para ayudar a los negocios que habían tenido que deshacerse de mucho personal de una vez utilizando las opciones de prejubilación o despidos, muy costosas para las empresas. Los beneficiados recibían el dinero rápidamente pero se comenzó a dudar de la legal del funcionamiento del mecanismo.

Dentro del presupuesto de la Consejería de Empleo se encontraba la partida llamada 31 L, de la que se sacaba el dinero que se repartirían los miembros de la trama. Entre ellos se encontraban altos cargos de esa consejería, aseguradoras que pagaban las prejubilaciones y los abogados encargados de llevan estos casos. Por otro lado, también formaban parte del pastel las personas incluidas en la lista de los ERE sin haber tenido relación anterior con la empresa (más de cien). Así, los millones saqueados corresponden a las compensaciones a estos “trabajadores”, el dinero destinado a empresas que habían convocado los ERE y las comisiones que se llevaban los organizadores del cotarro. Estas son las protagonistas de la otra rama de la investigación que pretende averiguar dónde ha ido a parar ese dinero o en qué se empleaba.

Se conocerá en un futuro qué papel ha tenido la administración andaluza (además de los ya conocidos acusados y condenados relacionados con Empleo) que desde 2005 había tenido informes de que la actuación de una de sus Consejerías no era normal. José Antonio Griñán era responsable de Economía de la Junta en esos momentos y por eso, la juez que lleva el caso ha pedido que el ex presidente sea imputado por el caso. No es el único de las cabezas visibles que tendría que declarar, Chaves también. Otros ya se han sentado ante el juez, como Magdalena Álvarez. Fue consejera de Hacienda durante los tres primeros años del desaguisado, ha echado, en su declaración ante la juez, todas las culpas al departamento de Empleo, del que ha argumentado no estaba relacionado con sus competencias. Estar imputada en este caso no ha puesto en entredicho su puesto como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, según el responsable de la institución.

La empresa que ha sacado a la luz toda la trama, sigue sin atravesar buenos momentos. En el verano de 2013 se pone en marcha el tercer ERE. Ahora no llegan a ser treinta trabajadores.

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