Carlos Fabra condenado, ¿se va a exigir por fin  responsabilidades a todos los malos gestores del ámbito público?

Diez años de investigación y cuatro años de cárcel por cuatro delitos de fraude fiscal. Son los números que la Audiencia Provincial de Castellón ha redactado para condenar al que fuera Presidente de la Diputación y del Partido Popular de la región. El Tribunal le exime de responsabilidades en los cargos de cohecho y tráfico de influencias, lo que ha valido a Fabra como argumento para declararse “muy satisfecho”. Resulta curioso que su conciencia se sienta muy satisfecha por varios motivos.

1.- El Tribunal considera probado que ha cometido cuatro delitos fiscales. Parece que en este país defraudar a la Hacienda Pública no se considera delito o al menos no es de los más importantes –dejando de lado los delitos de sangre-. Es necesario pararse un minuto y reflexionar sobre este punto puesto que el hecho de robar dinero a todos los ciudadanos es algo muy grave, sobre todo cuando la clase media es la más perseguida en sus delitos fiscales y no los grandes defraudadores. No lo decimos nosotros, los dice el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha que lo ha denunciado en más de una ocasión.

Por tanto, ya está bien de quitar importancia a los delitos fiscales, robar a toda la sociedad es un delito de hondo calado, aunque no esté penado con tantos años de cárcel como otro tipo de delitos.

2.-. En conciencia es para estar muy orgulloso del despropósito del aeropuerto de Castellón en el que no ha aterrizado ni despegado ni un avión, y que cuesta una media de 300.000 euros al año y que cuenta además con una estatua de Fabra como ornamento. Ese afán por trascender a través de una escultura monumental no iría más allá de la anécdota, si no fuera porque la “estatuita” ha costado la friolera de 300.000 euros que por supuesto, no ha pagado Fabra.

3.- Por otra parte no sería descabellado pensar que él mismo podría haberla pagado, puesto que es el hombre con más suerte bajo la faz de la tierra. Le ha tocado la lotería, a él y a su mujer también condenada a dos años por defraudar, en siete ocasiones. O ha encontrado la piedra filosofal o la estadística es un método que no funciona. ¡Siete veces!

En España parece que dimitir es un nombre ruso, los políticos imputados no asumen su responsabilidad y bajo el amparo de la presunción de inocencia, se aferran al poder con uñas (de pies y manos) y dientes. En otros países europeos cualquier asunto que no sea transparente es motivo de dimisión: copiar una tesis doctoral, no pagar unas multas… Sin embargo en nuestro país parece que la ley protege al presunto delincuente y no al ciudadano, y que conste que pongo presunto porque de lo contrario seguro que la Ley si me condena a mí por injurias, porque no soy política ni tengo ninguna cota de poder (fuera de mi casa). La condena a Fabra sabe a poco para todo el embrollo que pulula a su alrededor, sirva como primer paso para depurar responsabilidades. Este país no se merece a caciques del siglo XIX trasnochados y al margen de la Ley.

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